jueves, 19 de mayo de 2022

Semana 20

Buenos días, la semana pasada hemos sabido que en España tendremos a partir del próximo mes de junio una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), lo cual afecta de forma importante al sector asegurador.

Recientemente publicaba en este blog y en otros medios un artículo propio en el que comentaba el “desmadre” existente en algunos aspectos de la IA utilizada en el sector asegurador, haciendo referencia directa al software aplicados a la valoración de daños materiales de vehículos basada en el reconocimiento de imágenes, considerando la posibilidad de calificar de auténtico fraude al seguro por el inasumible enorme margen de error que presentan.

La noticia es importante en todos los sentidos porque supondrá un control sobre los algoritmos aplicados en cada aplicación informática basada en esta tecnología.

Sinceramente es un importante paso para mejorar la imagen del sector asegurador, garantizar la correcta atención al consumidor mediante la calidad de los productos, aumentar la transparencia y hacer que lo ofrecido se ajuste en mayor medida a la realidad del producto.

Sin duda que dificultará la tarea en el sector asegurador que haya empresas que sigan haciéndose trampas al solitario, utilizando algunas aplicaciones de IA como disculpa para obtener el resultado que más les pueda interesar.

Este asunto parece arrancar en serio vistas las nada desdeñables sanciones que anuncian; hasta el 6% de la facturación global e incluso la prohibición de continuar con los negocios en toda la UE.

Sin duda un importante paso a nivel tecnológico en el que España se muestra puntera en este caso.

Un saludo

Josu Martínez

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España será el primer país en contar con una Agencia Estatal de Supervisión de la IA

España será el primer país de Europa en testar el Reglamento de Inteligencia Artificial y el primero en contar con una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, un proyecto, este último, que se espera que concluya antes de finalizar el año, y para el que Granada y Galicia se han postulado para acoger la sede de este nuevo organismo.

España será, por tanto, pionera en introducir a partir de junio “una legislación muy bien diseñada” al convertirla en algo aplicable para las empresas. Así lo ha anunciado Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, durante el ciclo de encuentros de los Programas de Liderazgo Público y Corporativo en Emprendimiento e Innovación, organizado por Deusto Business School e ICADE Business School. En el evento, según informa InnovaSpain, ha abogado, además, por terminar con los problemas ligados a la introducción de estas nuevas normativas, como los vividos tras la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

“Vamos a testar qué significa aplicar el reglamento, cómo se auditan los algoritmos o qué tenemos que pedir a las empresas”, ha concretado. Asimismo, ha confirmado que, desde su área, serán “muy proactivos” a la hora de medir todos estos impactos -en una auditoría que trasladarán a Bruselas- y que invitarán a la industria a participar activamente en el proceso a través de distintos sandbox.

Aprobada la Ley de Servicios Digitales

Por otro lado, la UE ha aprobado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esta nueva legislación permite multar a una empresa con hasta el 6 % de su facturación global, mientras que un caso de infracciones repetidas podría resultar en que se prohíba a la empresa en cuestión a hacer negocios en la UE.

Las nuevas reglas, que entran en vigor en 2024, prohíben la publicidad dirigida al público infantil, o basada en datos sensibles como religión, género, raza y opiniones políticas; permiten que los gobiernos de la UE pueden exigir a las plataformas de internet la eliminación de cualquier contenido ilegal; obligan a las plataformas de redes sociales a permitir que los usuarios marquen de manera clara el contenido ilegal para poder eliminarlo, y obligan a tiendas online, como Amazon, a tener sistemas para identificar productos sospechosos, como falsificaciones o productos peligrosos para la salud.

 

 

 

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