Buenos días, siguiendo el hilo abierto la semana pasada sobre la importancia que la tecnología tiene en la Lucha Contra el Fraude actualmente, hoy he querido compartir un artículo que publica el boletín digital Togas.biz en el que informa sobre una jornada sobre fraude digital en la empresa, en el que dos expertos en la materia han abordado la dimensión del problema en España, ofreciendo cifras preocupantes, como los 4.200 millones de euros de coste en la UE y 300 en España, afectando a más de 200.000 víctimas en los 2 últimos años.
Las ciberestafas el 2º tipo de delito más denunciado, impulsadas por el uso de la IA por parte de los delincuentes.
Este problema tan extendido afecta a miles de empresas en España entre las que se encuentran las aseguradoras, corredurías de seguros y otro tipo de negocios vinculados al sector pericial, por ese motivo es importante que el sector asegurador adopte las suficientes medidas de prevención.
Otro motivo de atención por parte del sector asegurador es la recomendación de los expertos a las empresas para que contraten pólizas de ciberseguridad adecuadas, lo cual obliga al sector asegurador a trabajar a fondo este tipo de pólizas para dar una correcta respuesta a la demanda que cada vez más solicita el mercado y contar con profesionales acreditados capaces de interpretar correctamente las pólizas.
Un saludo
Josu Martínez
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El fraude digital tiene ya tiene un coste de 300 millones de euros al año en España
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Grant Thornton aborda los riesgos legales del fraude digital en las empresas y las principales medidas de prevención, respuesta ante ciberestafas y recuperación de fondos, a partir de un encuentro celebrado en Barcelona. |
El fraude digital se ha convertido en una amenaza creciente
para las empresas, no solo por sus consecuencias económicas, sino también por
las responsabilidades legales y de cumplimiento que puede generar. Grant
Thornton ha celebrado hoy en Barcelona el encuentro «Fraude digital en la
empresa: prevención, respuesta y defensa jurídica», un desayuno práctico
dirigido a analizar cómo pueden las organizaciones anticiparse a estos riesgos,
actuar ante un incidente y proteger sus intereses por la vía legal.
Durante la jornada, Ignacio Ripol y Eloi Font, socios de
Legal de Grant Thornton, han expuesto la dimensión que está alcanzando este
fenómeno y sus implicaciones para el tejido empresarial. Según los datos
presentados durante el encuentro, las ciberestafas representan el 87,3% de los
ciberdelitos. En Cataluña, constituyen el segundo delito más denunciado, solo
por detrás de los hurtos, con más de 80.000 denuncias anuales —unas 220 al día—
y más de 200.000 víctimas entre 2024 y agosto de 2026.
El impacto económico también refleja la magnitud del
problema. Las últimas cifras disponibles, procedentes del BCE y la EBA, apuntan
a un coste de 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo y de 300
millones de euros en España. A esta situación se suma la evolución de las
técnicas de ataque, impulsadas por la inteligencia artificial, que permiten
desarrollar fraudes más sofisticados y dirigidos. Aunque pueden reducir el
número de víctimas, estos ataques perfilan cada vez más sus objetivos, con especial
atención a directivos y empresas.
Según ha señalado Font, “con la llegada de la Inteligencia
Artificial igual hay menos víctimas pero están más seleccionadas e
identificadas y se les puede atacar más fácilmente”. “Es evidente que todos los
ciudadanos y empresas vamos a ser víctimas de un ciber incidente y por ello
tenemos que estar preparados para reaccionar con agilidad y poner las medidas
oportunas”, ha añadido.
Un riesgo para los administradores
Uno de los aspectos centrales del encuentro ha sido la
responsabilidad de los órganos de administración en la prevención y gestión de
los riesgos digitales. La creciente exposición de las organizaciones a este
tipo de amenazas exige reforzar los mecanismos de control interno y acreditar
que se han adoptado las medidas de seguridad y diligencia necesarias.
En este sentido, los expertos han recordado que la
obligación de los administradores es de medios y no de resultado: no se trata
de garantizar que nunca se produzca un incidente, sino de implantar las medidas
adecuadas y asegurar que se utilizan correctamente. Marcos regulatorios como
NIS2 y DORA refuerzan, además, la responsabilidad de los órganos de dirección
en materia de ciberseguridad y resiliencia operativa.
“La responsabilidad de los órganos de administración en
materia de prevención de la ciberdelincuencia es cada vez más clara. La CNMV
está incorporando nuevas recomendaciones para que los consejos de
administración establezcan medidas de prevención frente a estos riesgos”, ha
señalado Ripol.
Entre las principales medidas preventivas recomendadas
figuran la formación periódica de los empleados y los ejercicios de
concienciación, la doble o triple verificación ante cambios en las cuentas de
cobro de clientes o de pago a proveedores, y el establecimiento de sistemas de
apoderamiento que impidan que una única persona pueda ordenar y ejecutar
determinados pagos. También se ha destacado la importancia de contar con
pólizas de ciberseguridad adecuadas, realizar auditorías periódicas y pruebas
de intrusión, disponer de protocolos internos frente a suplantaciones y
mantener formalizados los contratos con proveedores críticos.
Claves para recuperar los fondos
La respuesta durante las primeras horas tras detectar un
fraude resulta determinante para limitar sus consecuencias y aumentar las
posibilidades de recuperar el dinero. Los expertos han insistido en la
necesidad de activar de inmediato un protocolo que incluya el análisis técnico
del incidente, la preservación de las evidencias digitales y la valoración de
su alcance, especialmente cuando pueda existir una afectación de datos
personales.
En palabras de Ripol, “la vía penal tiene un recorrido muy
limitado en este tipo de fraudes. Aunque se consiga identificar al titular de
la cuenta, el dinero suele haber desaparecido o estar repartido entre otras
cuentas. Por eso, la reclamación frente a la entidad financiera puede
convertirse en la principal vía para recuperar los fondos.”
Entre las primeras actuaciones se encuentra contactar
urgentemente con la entidad financiera para intentar paralizar la
transferencia, documentar el incidente y, cuando corresponda, notificar la
brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo
máximo de 72 horas. También puede ser necesario informar a los afectados,
denunciar los hechos ante las autoridades policiales y comunicar el incidente a
organismos especializados como INCIBE o Catalonia-CERT.
La jornada ha dedicado asimismo una parte específica a las
reclamaciones frente a las entidades financieras y a la recuperación de los
fondos sustraídos. En este ámbito, se han analizado las obligaciones de las
entidades en las operaciones de pago no autorizadas y la evolución reciente de
la jurisprudencia. En particular, se ha abordado la sentencia del Tribunal
Supremo 571/2025, de 9 de abril, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 15 de octubre de 2026, en el asunto C-70/25 (Tukowiecka),
relativa a la interpretación de las obligaciones de reembolso en operaciones de
pago no autorizadas.
Con este encuentro, Grant Thornton ha puesto el foco en la
necesidad de abordar el fraude digital desde una perspectiva integral, que
combine prevención tecnológica, cultura de control interno y preparación
jurídica. La capacidad de anticiparse a los riesgos, reaccionar con rapidez y
contar con una estrategia legal adecuada resulta esencial para proteger los
activos, la actividad y la reputación de las organizaciones.
