Detenido un hombre por simulación de siniestros para engañar a la
aseguradora
viernes, 20 de junio de 2014
Semana 25
viernes, 13 de junio de 2014
Semana 24
Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
No se vulneran
derechos en la grabación de supuestos fraudes por parte de
detectives
En 1997,
José Luis de la Flor
Cabrera fue atropellado por un vehículo cuando paseaba en
bicicleta. Reclamó daños y perjuicios al conductor y a su aseguradora, tras
alegar que el siniestro le había causado una neurosis postraumática, que le
producía “un miedo intenso a conducir vehículos”. En el juicio de primera
instancia, la compañía de seguros presentó como pruebas unos vídeos, grabados
por detectives privados, en los que el denunciante aparecía conduciendo un
vehículo. Por ello, estableció una indemnización inferior a la
reclamada.
Ambas partes recurrieron ala Audiencia Provincial de Sevilla, que rechazó la
pretensión de De la
Flor y dio por bueno el informe de los detectives y los vídeos
aportados. Por último, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de amparo
presentado por el afectado, abogado especializado en Responsabilidad
Civil.
El siguiente paso fue presentar un recurso contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, alegando que presentar como prueba los vídeos grabados sin su consentimiento supone un atentado contra sus derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, conculcando el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ayer, el Tribunal sentenció por unanimidad que no se ha violado el citado artículo 8 ya que las grabaciones de su vida cotidiana, no se realizaron para ser difundidas y sí para ser utilizadas “exclusivamente” como “medio de prueba en el marco de un proceso civil”. Las imágenes, argumenta en su fallo, se realizaron en la vía pública y no de forma “sistemática o permanente”.
Esas imágenes -según los jueces europeos- “tenían la vocación de contribuir de manera legítima al debate judicial”, ya que “contradecían las afirmaciones del demandante” de incapacidad para conducir vehículos. En la medida en que su demanda de indemnización estaba fundada sobre esta incapacidad, era necesario, en opinión del tribunal, que “todo elemento probando lo contrario” pudiera ser puesto a disposición del juez. Por tanto, “la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no fue desproporcionada”.
El demandante dispone de tres meses para recurrir la sentencia antela Gran Sala del Tribunal de
Estrasburgo.
Ambas partes recurrieron a
El siguiente paso fue presentar un recurso contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, alegando que presentar como prueba los vídeos grabados sin su consentimiento supone un atentado contra sus derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, conculcando el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ayer, el Tribunal sentenció por unanimidad que no se ha violado el citado artículo 8 ya que las grabaciones de su vida cotidiana, no se realizaron para ser difundidas y sí para ser utilizadas “exclusivamente” como “medio de prueba en el marco de un proceso civil”. Las imágenes, argumenta en su fallo, se realizaron en la vía pública y no de forma “sistemática o permanente”.
Esas imágenes -según los jueces europeos- “tenían la vocación de contribuir de manera legítima al debate judicial”, ya que “contradecían las afirmaciones del demandante” de incapacidad para conducir vehículos. En la medida en que su demanda de indemnización estaba fundada sobre esta incapacidad, era necesario, en opinión del tribunal, que “todo elemento probando lo contrario” pudiera ser puesto a disposición del juez. Por tanto, “la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no fue desproporcionada”.
El demandante dispone de tres meses para recurrir la sentencia ante
lunes, 9 de junio de 2014
Semana 23
Piden 25 años de cárcel a cinco personas por estafar a aseguradoras de coches
Logroño, 1 jun (EFE).- El fiscal pide 25 años de cárcel,
casi diez mil euros de multa y una indemnización de 132.8680 euros para cuatro
hombres y una mujer a los que acusa de estafa y falsificación por simular
accidentes de tráfico y reclamar indemnizaciones a aseguradoras durante los años
2005, 2006 y 2007 en Arnedo y otros municipios de La Rioja
Baja.
Según el escrito de la Fiscalía , al que ha
accedido EFE, los falsos accidentes, más de treinta, se produjeron presuntamente
con la implicación del encargado de una empresa de carrocería, su esposa y su
cuñado, que era delegado de una oficina de seguros en la localidad soriana de
Ólvega.
Además están acusados dos amigos del encargado de la
carrocería, que participaron en la simulación de accidentes de
tráfico.
Según relata el fiscal, desde mediados de 2005 y hasta
mediados de 2007 los implicados enviaron a diferentes aseguradoras partes de
accidente de vehículos (en ocasiones del mismo y con pocos días de diferencia
entre uno y otro) que estaban a su nombre o de otros cuyas pólizas tenían a su
disposición pero que habían sufrido ningún percance, por lo que falsificaban sus
firmas.
En todos los casos remitían a las aseguradoras partes por
cantidades desde poco más de 500 euros a más de siete
mil.
A los meses de que comenzaran a mandar partes de
accidente algunas aseguradoras negaron los pagos, al sospechar que existía
alguna irregularidad, aunque otras continuaron con el procedimiento de abonar
reparaciones que nunca habían llegado a realizarse.
Además, hay dos aseguradoras -una de ellas también figura
en la relación anterior- que tienen "pendiente" determinar el importe que
presuntamente se les estafó en diferentes
siniestros.
El fiscal pide seis años de prisión para el encargado de
la carrocería y otros tantos para el delegado de la compañía de seguros; reclama
tres años de prisión para la esposa del primero; y cinco años de cárcel para
cada uno de los dos amigos que participaron presuntamente en estos
hechos.
Además reclama multas para ellos que se acercan a los
diez mil euros en total.
El juicio de estos cinco acusados se celebrará en
la Audiencia
Provincial de Logroño entre el 16 y el 24 de junio y en él
están citados a declarar 37 testigos, entre representantes de aseguradoras,
personas a las que se implicaba en accidentes sin conocerlo y agentes de
la Guardia
Civil , entre otros.
También
intervendrán doce peritos de compañías de seguros, investigadores privados y de
las fuerza de seguridad.
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