Buenos días, una semana más haremos referencia a un fraude o
más bien a un gran número de fraudes realizados por una trama cuyos
componentes, abogados, médicos e incluso algún funcionario, además de los
falsos lesionados fueron imputados hasta superar los 60 implicados, con un
importe estafado que rondaba los 5 millones de euros. Esta noticia motivó la
publicación del perito de seguros médico y abogado Juan Albaladejo, que hoy
hemos seleccionado como noticia, ya que a pesar de haber pasado más de 5 años desde
su publicación y de haberse producido desde entonces diversos cambios, el fondo
de la cuestión (el fraude al seguro), permanece casi intacto, con las mismas o
parecidas circunstancias. El artículo despertará diversidad de opiniones y las
variadas opiniones que expresa deberían provocar cuanto menos dentro y fuera
del sector asegurador, el análisis de la situación de un problema como el
fraude al seguro. Espero que te parezca un buen punto de reflexión para acabar
la semana.
Un saludo.
Josu Martínez
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El fraude en el ramo de Autos y la amenaza para el sistema
Fuente : Juan Albaladejo Roca, médico y abogado.
No pocos habrán oído hablar de la Operación Bernesga,
mediante la cual la Policía ha desarticulado una red en León dedicada al fraude
sistemático contra aseguradoras, que venía realizando simulaciones de lesiones
a causa de inexistentes accidentes de tráfico; según un blog dependiente del
diario de noticias del Servicio de Vigilancia Aduanera, resultaron detenidas 27
personas (abogados, médicos, incluso algún policía, y tal vez personal de
Justicia), confiscados 262.000 euros, y también dos sellos de registro de
juzgados leoneses, así como otros dos correspondientes a médicos.
Resultaría fácil emitir una primera valoración, dejándonos
llevar por la irritación y por la estafa monumental que estos escalofriantes
hechos suponen para la sociedad en su conjunto, y no sólo a las aseguradoras,
por cuanto esas cantidades repercutirán directamente en el precio de las primas
del próximo año, y con ello en lo que todos hemos de pagar por circular en
nuestros coches, aspecto que con frecuencia queda olvidado; porque, en
realidad, cuando denunciamos un siniestro y/o unas lesiones que no se han
producido, estamos encareciendo el coste de los seguros. Sin perjuicio de que
dicha conducta es inmoral, algo que parece carecer de importancia en unos
tiempos en los que la corrupción está instalada a los más altos niveles,
acabamos pagándola todos.
En efecto, las aseguradoras, embarcadas en una guerra de precios
que no tardará en hacerse sentir de forma devastadora, en una lucha a corto
plazo que es pan para hoy y hambre para muchas para mañana, como ya ha ocurrido
en el ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y en los servicios de
prevención que un día fueron desgajados de ellas por disposición reglamentaria,
pueden sufrir la tentación de reducir las indemnizaciones que realmente se
deben a los auténticos perjudicados al sentirse estafadas; no es ilógico, por
cuanto un caso como el de León puede estar produciéndose en cada provincia sin
que hasta el momento se haya descubierto, y con ello instaurarse en todos la
sensación de acoso.
De esa forma, los Departamentos de Siniestros acogen con una
duda sistemática cualquier clase de reclamación, por fundada que ésta sea, con
el resultado de que auténticos lesionados han de aceptar indemnizaciones
reducidas, bien porque no puedan probar sus pretensiones, o porque carezcan de
medios, tesón y el conocimiento de causa necesarios para sostenerlas ante los
tribunales... o bien sencillamente porque les urja mucho pagar el último plazo
vencido de la hipoteca. También sucede a menudo que los informes emitidos por
los correspondientes médicos de seguimiento (por convenio o concierto) carecen
de los datos necesarios para sostener una reclamación, por fundada que ésta
sea, lo que nace de las, en muchos casos, escasísimas remuneraciones de dichos
profesionales, quienes, por lo mismo, recurren al corta y pega, clonan los
informes y con ello la víctima se provee de una documentación incoherente y
fácilmente combatible por la correspondiente contraparte, en este caso la
aseguradora.
Por eso, asistimos a un círculo vicioso de más que
previsibles consecuencias, por cuanto quien sufre un accidente de tráfico, con
independencia de que haya resultado mayor o menormente lesionado, tiende -al
menos lo sopesa- a inflar el petitum, y la compañía, como en un juego teatral
perfectamente prestablecido, a decir que no porque sí; y con ello, se generará
una multitud de resentidos, acompañada por letrados, médicos, policías y
funcionarios que considerarán justo emular a D. Francisco Jiménez (Curro, de la
serranía de Ronda), en un ejercicio de supuesta justicia redistributiva, y que
se abonarán a las conductas fraudulentas, y así volveremos a empezar, pues la
acción siempre genera reacción: así comenzó la primera guerra mundial, por
ejemplo.
Debe decirse, en consecuencia, que la existencia de fraude
no puede justificar en ningún caso la quiebra general de la presunción de
inocencia del reclamante, pues en otro caso pervertiremos el sistema, y cobrará
cuerpo general la idea de que los seguros, muy escuchada a pie de calle, no
sirven cuando se les necesita ("vendedores de humo", me decía hace no
mucho un conocido), algo ciertamente muy preocupante.
Del mismo modo en que la existencia de ladrones de
escaparates no justifica que la policía detenga a cualquiera que se encuentre
contemplando uno por el mero hecho de hacerlo, el sector asegurador no debe
caer en la tentación de considerar la existencia de un fraude universal; y si
bien es cierto que se encuentra bastante extendido, supone una parte menor de
las reclamaciones.
La conducta defensiva de las aseguradoras no debe llevarlas
a incurrir en un estado paranoide, y a negar la misma existencia del día en que
vivimos, sino a buscar alternativas de combate contra los reales agresores
mediante el estudio concreto de cada caso (hay medios para hacerlo), y el
establecimiento de potentes bases de datos que crucen informaciones entre ellas
mismas, para que quien hoy reclama a una compañía, pueda saberse si a la semana
siguiente está reclamando a otra por hechos similares. Si existe un registro en
el Ministerio de Justicia de rebeldes civiles procesales, creado ya hace una
década, y otro de seguros de vida, ¿por qué no existe un registro de siniestros
y lesionados?
La banca dispone de una central de información de riesgos y
de mecanismos similares sobre solvencia, algo que el Seguro, pese al volumen de
primas que maneja, parece ignorar, enfrascado más bien en la guerra fratricida
contra el rival, generadora únicamente de descensos suicidas de primas que al
final beneficiarán sólo a la compañía más fuerte (como en el film "Los
Inmortales", de Christopher Lambert, sólo podrá quedar uno), y que estimularán
aún más a quienes vean defraudadas las indemnizaciones a las que realmente
tienen derecho, a buscar una solución extrajudicial de su problema, tal y como
era del gusto de los sicilianos de otra época.
Así que, pongamos sosiego, tengamos cabeza fría y llevemos
unidos las manos con decisión a la lucha contra el fraude; tampoco nos quejemos
demasiado de los casos de alta corrupción que contemplamos, pues tal vez sean
mera expresión y reflejo de una sociedad en avanzado estado de descomposición a
todo nivel, por la que hay que hacer algo para salvarla en beneficio de todos.
