viernes, 8 de marzo de 2019

Semana 10


Buenos días, una semana más haremos referencia a un fraude o más bien a un gran número de fraudes realizados por una trama cuyos componentes, abogados, médicos e incluso algún funcionario, además de los falsos lesionados fueron imputados hasta superar los 60 implicados, con un importe estafado que rondaba los 5 millones de euros. Esta noticia motivó la publicación del perito de seguros médico y abogado Juan Albaladejo, que hoy hemos seleccionado como noticia, ya que a pesar de haber pasado más de 5 años desde su publicación y de haberse producido desde entonces diversos cambios, el fondo de la cuestión (el fraude al seguro), permanece casi intacto, con las mismas o parecidas circunstancias. El artículo despertará diversidad de opiniones y las variadas opiniones que expresa deberían provocar cuanto menos dentro y fuera del sector asegurador, el análisis de la situación de un problema como el fraude al seguro. Espero que te parezca un buen punto de reflexión para acabar la semana.



Un saludo.

Josu Martínez

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


El fraude en el ramo de Autos y la amenaza para el sistema

Fuente : Juan Albaladejo Roca, médico y abogado.


No pocos habrán oído hablar de la Operación Bernesga, mediante la cual la Policía ha desarticulado una red en León dedicada al fraude sistemático contra aseguradoras, que venía realizando simulaciones de lesiones a causa de inexistentes accidentes de tráfico; según un blog dependiente del diario de noticias del Servicio de Vigilancia Aduanera, resultaron detenidas 27 personas (abogados, médicos, incluso algún policía, y tal vez personal de Justicia), confiscados 262.000 euros, y también dos sellos de registro de juzgados leoneses, así como otros dos correspondientes a médicos.

Resultaría fácil emitir una primera valoración, dejándonos llevar por la irritación y por la estafa monumental que estos escalofriantes hechos suponen para la sociedad en su conjunto, y no sólo a las aseguradoras, por cuanto esas cantidades repercutirán directamente en el precio de las primas del próximo año, y con ello en lo que todos hemos de pagar por circular en nuestros coches, aspecto que con frecuencia queda olvidado; porque, en realidad, cuando denunciamos un siniestro y/o unas lesiones que no se han producido, estamos encareciendo el coste de los seguros. Sin perjuicio de que dicha conducta es inmoral, algo que parece carecer de importancia en unos tiempos en los que la corrupción está instalada a los más altos niveles, acabamos pagándola todos.

En efecto, las aseguradoras, embarcadas en una guerra de precios que no tardará en hacerse sentir de forma devastadora, en una lucha a corto plazo que es pan para hoy y hambre para muchas para mañana, como ya ha ocurrido en el ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y en los servicios de prevención que un día fueron desgajados de ellas por disposición reglamentaria, pueden sufrir la tentación de reducir las indemnizaciones que realmente se deben a los auténticos perjudicados al sentirse estafadas; no es ilógico, por cuanto un caso como el de León puede estar produciéndose en cada provincia sin que hasta el momento se haya descubierto, y con ello instaurarse en todos la sensación de acoso.

De esa forma, los Departamentos de Siniestros acogen con una duda sistemática cualquier clase de reclamación, por fundada que ésta sea, con el resultado de que auténticos lesionados han de aceptar indemnizaciones reducidas, bien porque no puedan probar sus pretensiones, o porque carezcan de medios, tesón y el conocimiento de causa necesarios para sostenerlas ante los tribunales... o bien sencillamente porque les urja mucho pagar el último plazo vencido de la hipoteca. También sucede a menudo que los informes emitidos por los correspondientes médicos de seguimiento (por convenio o concierto) carecen de los datos necesarios para sostener una reclamación, por fundada que ésta sea, lo que nace de las, en muchos casos, escasísimas remuneraciones de dichos profesionales, quienes, por lo mismo, recurren al corta y pega, clonan los informes y con ello la víctima se provee de una documentación incoherente y fácilmente combatible por la correspondiente contraparte, en este caso la aseguradora.

Por eso, asistimos a un círculo vicioso de más que previsibles consecuencias, por cuanto quien sufre un accidente de tráfico, con independencia de que haya resultado mayor o menormente lesionado, tiende -al menos lo sopesa- a inflar el petitum, y la compañía, como en un juego teatral perfectamente prestablecido, a decir que no porque sí; y con ello, se generará una multitud de resentidos, acompañada por letrados, médicos, policías y funcionarios que considerarán justo emular a D. Francisco Jiménez (Curro, de la serranía de Ronda), en un ejercicio de supuesta justicia redistributiva, y que se abonarán a las conductas fraudulentas, y así volveremos a empezar, pues la acción siempre genera reacción: así comenzó la primera guerra mundial, por ejemplo.

Debe decirse, en consecuencia, que la existencia de fraude no puede justificar en ningún caso la quiebra general de la presunción de inocencia del reclamante, pues en otro caso pervertiremos el sistema, y cobrará cuerpo general la idea de que los seguros, muy escuchada a pie de calle, no sirven cuando se les necesita ("vendedores de humo", me decía hace no mucho un conocido), algo ciertamente muy preocupante.

Del mismo modo en que la existencia de ladrones de escaparates no justifica que la policía detenga a cualquiera que se encuentre contemplando uno por el mero hecho de hacerlo, el sector asegurador no debe caer en la tentación de considerar la existencia de un fraude universal; y si bien es cierto que se encuentra bastante extendido, supone una parte menor de las reclamaciones.

La conducta defensiva de las aseguradoras no debe llevarlas a incurrir en un estado paranoide, y a negar la misma existencia del día en que vivimos, sino a buscar alternativas de combate contra los reales agresores mediante el estudio concreto de cada caso (hay medios para hacerlo), y el establecimiento de potentes bases de datos que crucen informaciones entre ellas mismas, para que quien hoy reclama a una compañía, pueda saberse si a la semana siguiente está reclamando a otra por hechos similares. Si existe un registro en el Ministerio de Justicia de rebeldes civiles procesales, creado ya hace una década, y otro de seguros de vida, ¿por qué no existe un registro de siniestros y lesionados?

La banca dispone de una central de información de riesgos y de mecanismos similares sobre solvencia, algo que el Seguro, pese al volumen de primas que maneja, parece ignorar, enfrascado más bien en la guerra fratricida contra el rival, generadora únicamente de descensos suicidas de primas que al final beneficiarán sólo a la compañía más fuerte (como en el film "Los Inmortales", de Christopher Lambert, sólo podrá quedar uno), y que estimularán aún más a quienes vean defraudadas las indemnizaciones a las que realmente tienen derecho, a buscar una solución extrajudicial de su problema, tal y como era del gusto de los sicilianos de otra época.

Así que, pongamos sosiego, tengamos cabeza fría y llevemos unidos las manos con decisión a la lucha contra el fraude; tampoco nos quejemos demasiado de los casos de alta corrupción que contemplamos, pues tal vez sean mera expresión y reflejo de una sociedad en avanzado estado de descomposición a todo nivel, por la que hay que hacer algo para salvarla en beneficio de todos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario