Semana 50

Buenos días, una vez más leemos noticias que se refieren a la desarticulación de bandas organizadas dedicadas a estafar a aseguradoras por falsos lesionados.

Esta noticia editada la semana pasada, poca repercusión ha tenido para la importante cantidad económica y el elevado número de personas involucradas. Se barajan 1,2 millones de euros que se sepa, lo que hace dudar de la cantidad real, que muy probablemente pueda ser muy superior. 33 personas y 41 expedientes de tráfico, son cifras muy a tener en cuenta.
En este caso el fraude es detectado al descubrir una aseguradora que una de las organizadoras de la trama era una empleada. Lo cual nos hace reflexionar sobre varias cuestiones:
¿Es más fácil detectar un fraude interno que externo?
Si esta aseguradora no hubiera denunciado el caso, probablemente no se hubiera desarticulado esta organización. El resto de aseguradoras no detectan fraude interno y/o no denuncian?
¿Se verificaron estos siniestros?
¿Si estos 41 casos hubieran llegado a juicio, cuantas condenas se hubieran dictado? Casi seguro que ninguna.
¿Se ha investigado desde cuando realizaban esta práctica ilícita los implicados?
¿Se investiga si han estafado a otras aseguradoras? y en su caso se les informa o la LOPD lo impide?
¿No considera nadie que habría que enviar esta y todas las noticias de este tipo a los juzgados donde se juzgan estas demandas y donde se tumban los informes biomecánicos y otro tipo de informes técnicos, para que lo lean los jueces y se planteen que algo está fallando?

 

Un saludo

Josu Martínez

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Desarticulan una red que defraudó 1,2 millones al seguro incorporando falsas víctimas

La Policía Nacional ha detenido a 33 personas implicadas en Getafe, Madrid y Murcia dedicadas, presuntamente, a la incorporación de víctimas falsas a los expedientes de accidentes de tráfico de una compañía aseguradora. Los detenidos están acusados de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales por haber defraudado más de 1,2 millones de euros con la alteración de 41 expedientes de accidentes de tráfico.

Las investigaciones comenzaron con la denuncia interpuesta por la aseguradora afectada, que alertó de la actividad fraudulenta que habían detectado en una de sus empleadas, que había tramitado o supervisado una serie de expedientes en los que se descubrieron irregularidades, informa Diari Més Digital. La empleada incorporaba documentos falsos en los expedientes, como partes médicos, atestados policiales y facturas de servicios de fisioterapia, entre otros. La empleada actuó junto con el otro principal investigado de la trama, que proporcionaba las facturas falsas. 

Ambos idearon la operativa defraudadora, y fueron ellos mismos quienes se dedicaron a captar a las víctimas falsas de los accidentes. Se han constatado irregularidades en 41 expedientes tramitados, principalmente, durante los años 2019 y 2020, y se ha identificado a 43 personas como presuntas víctimas falsas, algunas de ellas menores de edad, generándose un fraude de 1.201.999,10 euros.