Buenos días, independientemente que la noticia haya tomado
relevancia por el carácter público de su protagonista y que nos obligue a
comenzar recordando que en la Lucha Contra el Fraude nunca hay que dar por
sentado nada, ni descartar nada, por el tipo de personas involucradas en la
verificación de un siniestro.
Centraremos el análisis de la noticia, en la labor de
investigación realizada por la Ertzaintza y que en general coincide en muchos
aspectos con el trabajo de verificación que realizamos los peritos de seguros
en una intervención pericial.
De esta manera tenemos que un siniestro consistente en un
incendio tiene como primer objeto de la intervención la determinación de las
causas y el origen del siniestro. En este caso, del trabajo pericial resultaría
que este fue provocado, para lo cual alguien debió de acceder al interior del
establecimiento.
Al igual que se realiza en los siniestros de robo, se
verifica en este caso la forma de acceso al interior, pudiendo comprobarse que
no existe forzamiento alguno para acceder al interior, lo cual genera una
situación de verificación del siniestro para aclarar con más detalle unas
circunstancias anómalas.
La comprobación que la contratación 12 días antes del
siniestro de una póliza para garantizar la cobertura de daños en caso de
incendio, supone una alerta de indicio de fraude que habrá que verificar.
A partir de ese momento se establecerá una labor técnica
para determinar que estamos ante un intento de fraude o por el contrario si no
es posible determinar esta posibilidad, informar a la aseguradora mandante del
trabajo, de las conclusiones que se desprenden de la pericia, a fin que la
aseguradora decida establecer otras actuaciones dirigidas a continuar la
investigación del siniestro.
En cualquier caso, la labor pericial es clave en muchos
siniestros para determinar la existencia de fraude en unos casos o para
encaminar la resolución del fraude por otras vías cuando la labor técnica se da
por finalizada.
Un saludo
Josu Martínez
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El denunciante denunciado. Un exconcejal de Laguardia
–elegido por Ciudadanos aunque se pasó a Libres por Euskadi– se enfrenta a una
petición de dos años de cárcel y a una sanción que podría superar los 100.000
euros. Ayer miércoles arrancó su juicio en la Audiencia Provincial de Álava por
«simulación de delito».
La Fiscalía de Álava –a cargo de Sara García– y las dos
acusaciones particulares tratarán de demostrar que la denuncia presentada por
este empresario la mañana del 26 de octubre de 2018 por el incendio
«intencionado» de su obrador de pan fue una pantomima. Según sus tesis, este
expolítico alavés apiló una serie de elementos, les echó gasóleo, prendió y
para «desviar la atención» pintarrajeó unas supuestas amenazas en las paredes.
«Facha muérete pronto» y «facha muérete».
La posterior investigación de la Ertzaintza determinó que
alguien quemó a propósito la nave industrial que regentaba en régimen de
alquiler. Los daños materiales alcanzaron los 148.710 euros. Sin embargo, nadie
forzó ninguna de las dos puertas de acceso del inmueble. Doce días antes del
altercado, el ahora investigado contrató una póliza de 420.000 euros y que
cubría incendios. Por todo ello, la Policía autonómica le imputó. El cambio en
la situación llegó a ser noticia nacional hace ahora seis años. El negocio de
venta de pan jamás reabrió.
Contrato de una póliza
Ayer, este hombre negó de manera tajante ser el vándalo.
Adujo que «repartía pan» cuando se produjo el supuesto ataque a estas
instalaciones, ubicadas en las afueras de la localidad alavesa. Las acusaciones
disponen de dos jornadas más para desmontar su coartada ante los magistrados
Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo.
De ser declarado culpable, este hombre de 65 años jamás
entrará en la cárcel al carecer de antecedentes penales. El quid de este
proceso penal radica en la factura de los daños materiales. Si los deberá
abonar el procesado, la compañía de seguros personada como acusación particular
o un tercero por definir.
