Semana 7

Buenos días, la noticia que hemos seleccionado hoy pone de manifiesto el interés que despierta el fraude al seguro entre los delincuentes habituales. Como hemos comentado en diversas ocasiones, para las bandas de delincuentes, el fraude al seguro, hace tiempo que se ha demostrado como un negocio rentable. Parece que uno de los motivos para este interés puede ser el bajo riesgo para el alto rendimiento que supone estafar a las aseguradoras. Una de las características del bajo riesgo probablemente sea la falta de contundencia judicial que existe actualmente para este tipo de delitos. Esta noticia puede ser un buen ejemplo: Investigan a un grupo de personas por narcotráfico y descubren que también se dedicaban a otra práctica delictiva como es estafar a las aseguradoras. Es decir, investigar a un grupo de estafadores de seguros no es una prioridad y si lo han descubierto ha sido por casualidad.
Otra importante cuestión es la de los profesionales que participan en este tipo de estafas y que son cruciales para lograr el objetivo buscado, como abogados, médicos, peritos, etc. que no son sancionados por la justicia de una forma drástica.

 Un saludo

Josu Martínez

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA LÍNEA

Una investigación por narcotráfico destapó el fraude a las aseguradoras de vehículos en La Línea

 La Policía Nacional descubrió la presunta estafa al investigar a un abogado especializado en accidentes de tráfico, socio de un bufete y de dos clínicas de rehabilitación
Las pesquisas apuntan a que el narcotraficante conocido como Wachi, detenido en octubre, financió el bufete para blanquear dinero

 

Una intervención de la Policía Nacional en La Línea. / Jorge del Águila

 

Una investigación relacionada con el tráfico de drogas destapó la presunta organización criminal que ha llegado a estafar 187.748 euros a compañías aseguradoras por simular accidentes de tráfico. El pasado 14 de julio la Policía Nacional detuvo a siete personas de este entramado, cuyo principal presunto cabecilla es un abogado de La Línea que cuenta con un despacho propio dedicado a la gestión de reclamaciones de tráfico y que también es socio de un bufete de abogados y dos centros de rehabilitación donde las víctimas ficticias recibían tratamiento. Según la investigación, desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el narcotraficante conocido como Wachi, recientemente detenido, habría puesto dinero en la creación de ese bufete y puesto al frente al principal investigado para blanquear dinero. La investigación concluye que este abogado está al frente de una "organización criminal multidisciplinar", que consideran responsable de delitos de blanqueo de capitales, estafas continuadas a compañías aseguradoras de vehículos, falso testimonio y cohecho.

En el escrito de diligencias previas firmado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea, que se hizo cargo de la investigación, la jueza explica que el fraude a las compañías aseguradoras se destapó después de que la Unidad de Asuntos Internos tuviera conocimiento el 11 de marzo de 2019 de que dos agentes de la Policía Nacional, junto al abogado linense y a otra persona más, usaban un trastero ubicado en Algeciras como guardería temporal de droga. La investigación se tuvo que interrumpir debido a las extremas medidas de seguridad que adoptaba uno de los dos policías implicados.

Otro de los agentes, destinado en la Aduana entre La Línea y Gibraltar, mantuvo diversas reuniones con el abogado entre abril y agosto de 2019. De forma paralela, en junio de 2019, la Comisaría linense recibió una nota que informaba de que este funcionario aprovechaba su puesto para facilitar su paso por la frontera a dos narcotraficantes que tenían reclamaciones judiciales, Wachi y Noé -este último detenido por la Guardia Civil el pasado noviembre-.

Ad

La relación entre este funcionario y el abogado, sobre el que existía información desde 2018 por su vinculación con narcotraficantes y la creación de empresas y obtención de propiedades para ocultar los beneficios obtenido por el tráfico de drogas, presentó los indicios suficientes para iniciar la investigación, que recayó en el Juzgado número 3 de La Línea.

El 22 de diciembre de 2019, la Unidad de Asuntos Internos registró una nueva información procedente de una fuente externa que comunicaba que Wachi financió un bufete en el que puso al frente al abogado investigado en el asunto de tráfico de drogas para "blanquear el dinero procedente del narcotráfico" por medio de las sociedades que dirige.

A raíz de la intervención telefónica los agentes tuvieron conocimiento de que el abogado dirigía una "organización criminal multidisciplinar" mediante la que estafaba a las compañías aseguradoras por simular accidentes de tráfico. La investigación sitúa a esta organización como responsable de delitos de blanqueo de capitales, estafas continuadas a compañías aseguradoras de vehículos, falso testimonio y cohecho utilizando una estructura empresarial que él mismo regenta a pesar de no figurar en alguna de las sociedades que la constituyen. En esta investigación no se habían recabado indicios suficientes de los principales sospechosos sobre actividades concretas de tráfico de droga, apuntaban los agentes, que no descartaban su relación con el narcotráfico o actos de favorecimiento según se desprende de las grabaciones de las conversaciones.

El entramado

Además del abogado que dirige el despacho de abogados y es socio de dos centros de rehabilitación, están presuntamente implicados en un fraude a las compañías aseguradoras los otros tres socios de estas tres sociedades (todas con los mismos responsables) y un socio oculto de uno de los centros de rehabilitación, conocido por sus antecedentes por narcotráfico. Estas cinco personas formarían el primer nivel de la organización, que se sirvió de las empresas para derivar a los accidentados ficticios a los centros médicos y gestionar las reclamaciones.

A través de diferentes sociedades cometían una serie de estafas a las aseguradoras, alargando el periodo de baja de alguno de sus clientes, diagnosticando puntos de secuelas inexistentes, introduciendo en los partes de accidentes a personas que no se encontraban en el vehículo cuando se produjo, simulando accidentes que nunca han tenido lugar o incluso presentando a testigos falsos o peritos en causa judicial si la compañía aseguradora les rehusaba la reclamación por haber detectado algún tipo de irregularidad.

Para ello, en el segundo nivel de la organización había médicos peritos, mecánicos de los talleres concertados, gestores de centros médicos y cinco policías locales de La Línea, que se encargaban de dar aviso de los accidentes para que uno de los socios se personara en el lugar y captar a posibles accidentados. La investigación apunta a la implicación de una tercera clínica colaboradora.

En uno de los centros de rehabilitación, en el que es socio la persona con antecedentes por narcotráfico, trabajan dos de sus familiares directos y la investigación considera que se encargaban de manipular los partes de asistencia a las víctimas ficticias y de atribuirles lesiones simuladas.

En un centro médico de Algeciras, su administradora era una persona de confianza de la organización y se encargaba, según la investigación, de alterar el periodo de baja de los pacientes o simular su asistencia o rehabilitación.

Otra clínica situada en La Línea, a la que los lesionados acudían de urgencia para recibir una primera asistencia y valoración y que no pertenece al entramado, servía para derivar pacientes para no levantar sospechas. Según los investigadores, lo hacían con la connivencia de su gerente.

La organización también contaba con la colaboración de tres médicos peritos que aseguraban las lesiones con partes oficiales en el caso de que se judicializasen los accidentes.

También están implicados según la Policía dos talleres, uno en Algeciras y otro en La Línea, en los que se causaban daños a los vehículos para asegurarse que superaban la valoración de 600 euros, requisito exigido por las aseguradoras parea establecer que la lesión ha sido causada por colisión para obtener la indemnización.

En cuanto a los agentes de la Policía Local de La Línea, han sido identificados cinco funcionarios con diferente grado de participación. A cambio de una contraprestación, estos comunicaban los accidentes de tráfico que se producían durante su jornada laboral para que la organización pudiera captar clientes. Además, según las pesquisas policiales les facilitaban los atestados de forma clandestina.

La investigación derivó en la entrada y registro de los domicilios del principal investigado y uno de los socios, en el despacho de abogados y en las dos clínicas implicadas y en siete detenciones: los cuatro socios del bufete y de las dos clínicas de rehabilitación, dos policías locales y el mecánico de un taller.