viernes, 1 de diciembre de 2017

Semana 48

Buenos días, es habitual que en este espacio comentemos la importancia de realizar una minuciosa labor en la detección de fraude al seguro por parte del colectivo asegurador, siendo pieza clave para ello la labor del perito de seguros, así mismo siempre defendemos la conveniencia de denunciar a los estafadores, algo que no suele ser habitual. En la noticia que hemos seleccionado esta semana tenemos 3 casos que cumplen con estas circunstancias. Primero la intervención del perito de seguros detecta los fraudes y un gabinete especializado confirma la versión inicial del perito de seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros, con la labor de los profesionales de la pericia consigue las pruebas suficientes para denunciar los casos de estafa en grado de tentativa, consiguiendo que finalmente los tribunales condenen a las personas implicadas. Se trata de un ejemplo del resultado brillante de la labor pericial y la gestión de tramitación, luego la inconformidad del CCS ante los intentos de estafa hace el resto.

Un saludo.

Josu Martínez.

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La Justicia condena a varias personas por estafa al Consorcio de Seguros

El fondo del sector asegurador mantiene un plan de detección y denuncia de los intentos de fraude


La Justicia ha condenado a varias personas por tres intentos de cobro fraudulento de indemnizaciones por accidentes del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). En concreto, tres Audiencias Provinciales han dictado sentencias penales contra esos individuos con motivo de solicitudes de indemnización presentadas ante el fondo de garantía del sector asegurador a raíz de supuestos siniestros de automóvil y por inundaciones.

Cabe recordar que el CCS es una institución pública que se financia con un recargo en la prima de los seguros, y por lo tanto por las aseguradoras privadas, y entre cuyas tareas está la de cubrir los daños personales o materiales por riesgos extraordinarios como catástrofes naturales, así como asegurar a conductores a los que el sector privado les niega una póliza por cuestiones como su historial siniestral. El Consorcio, ante los casos de tentativa de fraude, ha puesto en marcha un plan de medidas para identificar, detectar y combatir esas tendencias.

Dos de los citados fallos se refieren a accidentes de tráfico. En uno de ellos, en el contexto de un accidente de tráfico aparentemente ocasionado por un vehículo asegurado por el Consorcio, el perito del CCS concluyó que los daños que presentaba el vehículo responsable del accidente no concordaban con la versión facilitada del accidente. A raíz de esas inconsistencias detectadas, el Consorcio encargó a un gabinete especializado un informe de investigación, que confirmó las sospechas de falta de autenticidad de los testimonios presentados por el conductor asegurado en el CCS y los supuestos lesionados. La Audiencia Provincial de León ha condenado a los acusados como autores de dos delitos de estafa procesal, uno de ellos en grado de tentativa, y cuatro delitos de falso testimonio.

El otro fraude automovilístico detectado se refiere a un accidente supuestamente producido por un vehículo desconocido, a raíz del cual se solicitó al Consorcio una indemnización por daños personales en el marco de sus funciones como fondo de garantía del seguro obligatorio de automóviles. Ante la falta de testimonios y de evidencias sobre la intervención en el accidente de un vehículo no identificado, el CCS encargó una investigación y luego denegó la indemnización y demandó a la lesionada. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a la acusada como autora de un delito de estafa en grado de tentativa, al comprobarse que fue el vehículo conducido por la lesionada el que impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Fraude en una inundación

El tercer caso se refiere a supuestos daños producidos por una inundación en las oficinas y almacenes del asegurado que solicitó una indemnización al Consorcio. Sin embargo, el perito examinó los daños reclamados y la documentación de la que disponía el CCS a raíz de una inundación anterior y concluyó que el asegurado reclamaba daños que parecían haberse producido con ocasión de esa inundación anterior y que no parecían haber sido reparados. El Consorcio comprobó que la documentación que supuestamente acreditaba la reparación de daños anteriores era falsa. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al asegurado por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada en grado de tentativa.

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