viernes, 26 de febrero de 2021

Semana 8

Buenos días, esta semana nos centramos en el ramo de hogar, con una noticia que informa de un presunto intento de fraude, el detenido está investigado por quemar intencionadamente su vivienda.

No es la primera noticia de incendios provocados en viviendas que hemos publicado en este blog, lo que nos tiene que hacer pensar que, si hay asegurados capaces de provocar un incendio en domicilios ubicados en bloques de viviendas, con el peligro que ello conlleva, de que no serán capaces muchos otros con otro tipo de siniestros provocados o fingidos. Me consta de compañeros que han verificado siniestros fraudulentos consistentes en inundaciones provocadas de pisos para costearse a cuenta del seguro el cambio de la tarima. Este tipo de verificaciones requieren de peritos de seguros experimentados que sean capaces de comprobar los indicios necesarios para detectar el fraude.

 Un saludo

Josu Martínez

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El detenido por quemar su casa hizo el seguro dos meses antes

La Policía Científica halló al menos tres focos en el interior del piso incendiado

 Fuente: Diario de Jaén

 










EL 7 DE NOVIEMBRE. Los Bomberos tratan de ventilar el edificio incendiado en la calle Hornos Negros después de sofocar las llamas.

 

 El pasado 9 de septiembre, José M. V. hizo una póliza de seguro para el piso de la calle Hornos Negros en el que vivía de alquiler social. Aseguró el contenido de su casa en 18.000 euros. El 7 de noviembre, menos de dos meses después, el domicilio salió ardiendo y quedó prácticamente calcinado. Ese fue uno de los primeros indicios que llevó a la Policía Nacional a sospechar que el fuego había sido provocado con la única intención de cobrar una indemnización. De hecho, la compañía ya ha pagado a José M. V. más de 7.300 euros por los muebles, los electrodomésticos y otros objetos que dijo tener en su hogar. Tal y como adelantó Diario JAÉN, este vecino de la capital fue detenido el pasado viernes por prender fuego de forma intencionada para intentar timar al seguro. Como consecuencia de las llamas, resultaron heridas cinco personas, dos de ellas de cierta gravedad.

El incendio resultó sospechoso desde el primer minuto. El piso, situado en la entreplanta del edificio, estaba vacío cuando se detectó el fuego. José M. V. declaró a la Policía que había salido temprano para ir a trabajar, mientras que su esposa explicó que se marchó a la calle y que se quedó a desayunar en casa de unos familiares. Cuando les preguntaron por las posibles causas, ambos dijeron que pudieron haberse dejado encendido un brasero en el salón. Sin embargo, en una somera y primera inspección ocular, los agentes ya detectaron que esa estufa no tenía daños de consideración: “Era muy difícil que esa fuera la causa del fuego”, aseguran las fuentes consultadas.

El análisis posterior confirmó las sospechas. La Policía Científica detectó, al menos, tres focos en el interior del piso. Además, la combustión fue muy baja, “típica de los combustibles líquidos”. El examen posterior de los escombros puso al descubierto la posible utilización de sustancias acelerantes. Los especialistas de la Científica determinaron que el incendio había sido intencionado. A partir de ahí, la investigación pasó a la UDEV.

Los agentes analizaron las cuentas del matrimonio y vieron que la pareja atravesaba por ciertos problemas económicos. También les llamó la atención la fecha en la que contrataron la póliza de seguro y la importante cuantía cubierta. El indicio definitivo llegó con el análisis de los móviles. José M. V. contó a los agentes que estaba trabajando. Sin embargo, su teléfono lo sitúa en los alrededores de su domicilio a las diez y media de la mañana del 7 de noviembre, la hora a la que comenzó el fuego. Con esa batería de argumentos, la Policía procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de daños por incendio y otro de estafa.

EL HOMBRE NIEGA TODOS LOS CARGOS

José M. V. se negó a declarar en la Comisaría. No obstante, ante la magistrada instructora, el detenido se declaró inocente y negó haber quemado de forma intencionada su casa para cobrar el seguro. El hombre sostiene que salió de su domicilio a primera hora de la mañana, que su mujer también se marchó y que debieron de dejarse encendido un brasero en el salón. No obstante, la Policía Científica halló tres focos de ignición.

viernes, 19 de febrero de 2021

Semana 7

Buenos días, la noticia que hemos seleccionado hoy pone de manifiesto el interés que despierta el fraude al seguro entre los delincuentes habituales. Como hemos comentado en diversas ocasiones, para las bandas de delincuentes, el fraude al seguro, hace tiempo que se ha demostrado como un negocio rentable. Parece que uno de los motivos para este interés puede ser el bajo riesgo para el alto rendimiento que supone estafar a las aseguradoras. Una de las características del bajo riesgo probablemente sea la falta de contundencia judicial que existe actualmente para este tipo de delitos. Esta noticia puede ser un buen ejemplo: Investigan a un grupo de personas por narcotráfico y descubren que también se dedicaban a otra práctica delictiva como es estafar a las aseguradoras. Es decir, investigar a un grupo de estafadores de seguros no es una prioridad y si lo han descubierto ha sido por casualidad.
Otra importante cuestión es la de los profesionales que participan en este tipo de estafas y que son cruciales para lograr el objetivo buscado, como abogados, médicos, peritos, etc. que no son sancionados por la justicia de una forma drástica.

 Un saludo

Josu Martínez

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LA LÍNEA

Una investigación por narcotráfico destapó el fraude a las aseguradoras de vehículos en La Línea

 La Policía Nacional descubrió la presunta estafa al investigar a un abogado especializado en accidentes de tráfico, socio de un bufete y de dos clínicas de rehabilitación
Las pesquisas apuntan a que el narcotraficante conocido como Wachi, detenido en octubre, financió el bufete para blanquear dinero

 

Una intervención de la Policía Nacional en La Línea. / Jorge del Águila

 

Una investigación relacionada con el tráfico de drogas destapó la presunta organización criminal que ha llegado a estafar 187.748 euros a compañías aseguradoras por simular accidentes de tráfico. El pasado 14 de julio la Policía Nacional detuvo a siete personas de este entramado, cuyo principal presunto cabecilla es un abogado de La Línea que cuenta con un despacho propio dedicado a la gestión de reclamaciones de tráfico y que también es socio de un bufete de abogados y dos centros de rehabilitación donde las víctimas ficticias recibían tratamiento. Según la investigación, desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el narcotraficante conocido como Wachi, recientemente detenido, habría puesto dinero en la creación de ese bufete y puesto al frente al principal investigado para blanquear dinero. La investigación concluye que este abogado está al frente de una "organización criminal multidisciplinar", que consideran responsable de delitos de blanqueo de capitales, estafas continuadas a compañías aseguradoras de vehículos, falso testimonio y cohecho.

En el escrito de diligencias previas firmado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea, que se hizo cargo de la investigación, la jueza explica que el fraude a las compañías aseguradoras se destapó después de que la Unidad de Asuntos Internos tuviera conocimiento el 11 de marzo de 2019 de que dos agentes de la Policía Nacional, junto al abogado linense y a otra persona más, usaban un trastero ubicado en Algeciras como guardería temporal de droga. La investigación se tuvo que interrumpir debido a las extremas medidas de seguridad que adoptaba uno de los dos policías implicados.

Otro de los agentes, destinado en la Aduana entre La Línea y Gibraltar, mantuvo diversas reuniones con el abogado entre abril y agosto de 2019. De forma paralela, en junio de 2019, la Comisaría linense recibió una nota que informaba de que este funcionario aprovechaba su puesto para facilitar su paso por la frontera a dos narcotraficantes que tenían reclamaciones judiciales, Wachi y Noé -este último detenido por la Guardia Civil el pasado noviembre-.

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La relación entre este funcionario y el abogado, sobre el que existía información desde 2018 por su vinculación con narcotraficantes y la creación de empresas y obtención de propiedades para ocultar los beneficios obtenido por el tráfico de drogas, presentó los indicios suficientes para iniciar la investigación, que recayó en el Juzgado número 3 de La Línea.

El 22 de diciembre de 2019, la Unidad de Asuntos Internos registró una nueva información procedente de una fuente externa que comunicaba que Wachi financió un bufete en el que puso al frente al abogado investigado en el asunto de tráfico de drogas para "blanquear el dinero procedente del narcotráfico" por medio de las sociedades que dirige.

A raíz de la intervención telefónica los agentes tuvieron conocimiento de que el abogado dirigía una "organización criminal multidisciplinar" mediante la que estafaba a las compañías aseguradoras por simular accidentes de tráfico. La investigación sitúa a esta organización como responsable de delitos de blanqueo de capitales, estafas continuadas a compañías aseguradoras de vehículos, falso testimonio y cohecho utilizando una estructura empresarial que él mismo regenta a pesar de no figurar en alguna de las sociedades que la constituyen. En esta investigación no se habían recabado indicios suficientes de los principales sospechosos sobre actividades concretas de tráfico de droga, apuntaban los agentes, que no descartaban su relación con el narcotráfico o actos de favorecimiento según se desprende de las grabaciones de las conversaciones.

El entramado

Además del abogado que dirige el despacho de abogados y es socio de dos centros de rehabilitación, están presuntamente implicados en un fraude a las compañías aseguradoras los otros tres socios de estas tres sociedades (todas con los mismos responsables) y un socio oculto de uno de los centros de rehabilitación, conocido por sus antecedentes por narcotráfico. Estas cinco personas formarían el primer nivel de la organización, que se sirvió de las empresas para derivar a los accidentados ficticios a los centros médicos y gestionar las reclamaciones.

A través de diferentes sociedades cometían una serie de estafas a las aseguradoras, alargando el periodo de baja de alguno de sus clientes, diagnosticando puntos de secuelas inexistentes, introduciendo en los partes de accidentes a personas que no se encontraban en el vehículo cuando se produjo, simulando accidentes que nunca han tenido lugar o incluso presentando a testigos falsos o peritos en causa judicial si la compañía aseguradora les rehusaba la reclamación por haber detectado algún tipo de irregularidad.

Para ello, en el segundo nivel de la organización había médicos peritos, mecánicos de los talleres concertados, gestores de centros médicos y cinco policías locales de La Línea, que se encargaban de dar aviso de los accidentes para que uno de los socios se personara en el lugar y captar a posibles accidentados. La investigación apunta a la implicación de una tercera clínica colaboradora.

En uno de los centros de rehabilitación, en el que es socio la persona con antecedentes por narcotráfico, trabajan dos de sus familiares directos y la investigación considera que se encargaban de manipular los partes de asistencia a las víctimas ficticias y de atribuirles lesiones simuladas.

En un centro médico de Algeciras, su administradora era una persona de confianza de la organización y se encargaba, según la investigación, de alterar el periodo de baja de los pacientes o simular su asistencia o rehabilitación.

Otra clínica situada en La Línea, a la que los lesionados acudían de urgencia para recibir una primera asistencia y valoración y que no pertenece al entramado, servía para derivar pacientes para no levantar sospechas. Según los investigadores, lo hacían con la connivencia de su gerente.

La organización también contaba con la colaboración de tres médicos peritos que aseguraban las lesiones con partes oficiales en el caso de que se judicializasen los accidentes.

También están implicados según la Policía dos talleres, uno en Algeciras y otro en La Línea, en los que se causaban daños a los vehículos para asegurarse que superaban la valoración de 600 euros, requisito exigido por las aseguradoras parea establecer que la lesión ha sido causada por colisión para obtener la indemnización.

En cuanto a los agentes de la Policía Local de La Línea, han sido identificados cinco funcionarios con diferente grado de participación. A cambio de una contraprestación, estos comunicaban los accidentes de tráfico que se producían durante su jornada laboral para que la organización pudiera captar clientes. Además, según las pesquisas policiales les facilitaban los atestados de forma clandestina.

La investigación derivó en la entrada y registro de los domicilios del principal investigado y uno de los socios, en el despacho de abogados y en las dos clínicas implicadas y en siete detenciones: los cuatro socios del bufete y de las dos clínicas de rehabilitación, dos policías locales y el mecánico de un taller.

viernes, 12 de febrero de 2021

Semana 6

Buenos días, si recientemente aplaudíamos el inicio del funcionamiento del fichero de prevención del fraude en diversos. Hoy hemos querido seleccionar una noticia publicada esta semana por Inese que informa sobre nuevas medidas de la gestión de datos en la prevención del fraude. En esta ocasión consistente en la recomendación de Insurance Europe, la asociación europea de aseguradoras, a la Comisión Europea de la creación de un mercado único de datos.

Como era de esperar, no ha sido una iniciativa de Insurance Europe, asociación que en mi opinión peca de un excesivo conservadurismo a la hora de pronunciarse en temas de importancia como la lucha contra el fraude. Esperemos que la consulta que le ha formulado la Comisión Europea y que ha arrancado esta recomendación, siga adelante, porque en caso de ser creado un mercado único de datos, será un importante paso adelante en la prevención del fraude.

Todos estamos de acuerdo que la privacidad de los datos es un derecho de los individuos que debe ser firmemente protegido, pero es necesario trabajar a fondo para eliminar las lagunas que quedan en las leyes que protegen la privacidad para que no sirva de refugio de actividades ilícitas.

 Un saludo

Josu Martínez

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Las aseguradoras aplauden la creación de un mercado único de datos

 

 

 Insurance Europe hizo pública ayer su respuesta a una consulta de la Comisión Europea sobre la propuesta para una regulación de la Gobernanza de Datos. Desde el sector asegurador se acoge con satisfacción el objetivo general de crear un mercado único de datos, en el que los datos de los organismos públicos, las empresas y los ciudadanos puedan utilizarse de forma «segura y equitativa para el bien común”.

Para las aseguradoras una mayor disponibilidad de datos podría conducir a una mejor supervisión y evaluación de los riesgos, una mejor experiencia de los clientes y una mayor detección del fraude. Cuantos más datos estén disponibles para el bien común, mejores serán las soluciones digitales y los modelos analíticos”, detalla la federación.

Asimismo, se muestra conforme sobre el reconocimiento por parte de la Comisión de que la legislación sectorial pueda añadir elementos complementarios a este marco de datos. Cita, por ejemplo, la legislación prevista sobre el espacio europeo de datos sanitarios o sobre el acceso a los datos de los vehículos.

Reforzar la colaboración

Al mismo tiempo, el sector asegurador apoya el enfoque general establecido en la estrategia de datos de la Comisión, que reconoce que la legislación sectorial sobre el intercambio de datos sólo debería introducirse cuando se detecten fallos del mercado. Por  lo demás, considera que debería centrarse en reforzar las condiciones para la colaboración y la asociación de datos.

Por otro lado, puntualiza que “debería haber una mayor claridad en cuanto a la naturaleza de los servicios de intercambio de datos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento”. Aunque añade que las propuestas de la Comisión ofrecen algunas aclaraciones importantes a este respecto, “esto podría hacerse más explícito mediante la aportación de ejemplos concretos”.

Por último, Insurance Europe recuerda que las normas propuestas también deben diseñarse de manera que cumplan plenamente con todos los requisitos de protección de datos. Asimismo, debe garantice que los interesados sigan teniendo pleno control de sus datos y puedan elegir libremente entre diferentes proveedores.

viernes, 5 de febrero de 2021

Semana 5

Buenos días, a primeros de año comentábamos el impulso que se esperaba para este año del vehículo conectado y su importancia no solo para la movilidad sino también para el sector asegurador, que se encontrará con cambios y novedades importantes en el ramo de automóviles que afectarán a departamentos como el de contratación y el de siniestros. Si hablamos de contratación y de siniestros, debemos tener en cuenta la prevención y la detección del fraude.

No me cabe duda que las entidades aseguradoras ya estarán estudiando estos cambios y estas novedades, que a modo de resumen os comentaré a continuación y que nos ocupará más de una semana.

En un mundo de auténtica fiebre digital y tecnológica, el vehículo no se queda atrás, todos los vehículos con sistemas de conexión a cualquier fuente de información son susceptibles de ser hackeados, al igual que cualquier equipo electrónico con conexión a Internet o a otro dispositivo. En el caso de los vehículos, esto supone que cualquier vehículo fabricado en los últimos años puede ser víctima de un ataque cibernético, desde un sistema keyless, hasta un navegador, pasando por cualquier puerto USB del vehículo o el mismísimo sistema ecall. Sus consecuencias pueden ser de diversa índole, daños en los componentes electrónicos del vehículo, incluyendo los de seguridad, hasta la toma de control del vehículo por parte de un hacker, provocando cualquier tipo de siniestro. Como comenta en la noticia hoy seleccionada, Azucena Hernández, CEO de EUROCYBCAR, los vehículos son grandes ordenadores con ruedas, que deben protegerse, como se hace con un móvil o un portátil.

No hablamos de futuro, sino de presente, hasta el punto que el pasado 1 de enero ha entrado en vigor una norma de la UE que obliga a que los vehículos posean un certificado de ciberseguridad.

Los peritos de seguros debemos estar preparados para dar respuestas a las necesidades que el sector asegurador tendrá con esta nueva movilidad. Tanto para estar en condiciones de realizar análisis avanzados en los estudios de siniestros, como en la detección del fraude. En J. Martínez y Asociados hemos empezado el año muy concienciados con este tema y para ir avanzando en este terreno hemos tenido el honor contar con la colaboración de la empresa que protagoniza la noticia que hemos seleccionado hoy, EUROCYBCAR, empresa puntera en España sobre ciberseguridad en automoción. Entre sus logros se encuentra el ser la 1ª empresa del mundo que analiza el nivel de ciberseguridad de los vehículos y que está en condiciones de verificar si los nuevos vehículos cumplen la mencionada norma de ciberseguridad de la CE.

En J. Martínez trabajaremos, de la mano de EUROCYBCAR, en los estudios correspondientes a la siniestralidad de los vehículos conectados y en la detección del fraude, así como la incidencia de la conectividad en la movilidad. Para ello no escatimaremos los esfuerzos necesarios en sumar nuestros conocimientos y experiencia para avanzar en este apasionante mundo del vehículo conectado.

 Un saludo

Josu Martínez

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Ciberalertas

Informe EUROCYBCAR: Los vehículos deberán tener un certificado de ciberseguridad

Un estudio de EUROCYBCAR explica todos los detalles de la norma que obligará a los vehículos a ser ciberseguros. ¿Qué modelos tendrán que cumplirla, en qué países y a partir de cuándo?

 

EUROCYBCAR, la empresa vasca que realiza el primer test del mundo que comprueba el nivel de ciberseguridad de los coches, ha publicado un informe en el que desgrana todas las claves del reglamento de ciberseguridad para vehículos ONU / UNECE WP.29 que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.

Dicha investigación, que se puede descargar gratuitamente en la página web de EUROCYBCAR, explica qué requisitos de ciberseguridad marcará la normativa a los fabricantes, a qué vehículos afectará, qué países la aplicarán, cómo será su implantación en la Unión Europea y qué sanciones afrontarán las marcas que no cumplan con ella.

¿Qué dice la norma?

EUROCYBCAR explica en su informe que el pasado 1 de enero de 2021 entró en vigor un reglamento de creado por ONU/UNECE que obliga a los vehículos a contar con un certificado que garantice que son ciberseguros.

Para conseguir dicho certificado de ciberseguridad, los fabricantes deberán demostrar que sus modelos están protegidos contra 70 vulnerabilidades diferentes. Ese listado de riesgos a evitar incluye posibles ciberataques durante el desarrollo, la producción y la posproducción del vehículo, por lo que aquellos modelos que logren el certificado de ciberseguridad serán ciberseguros a lo largo de todo su ciclo de vida.

El informe de EUROCYBCAR detalla que el reglamento se aplicará a turismos, furgonetas, camiones y autobuses. También a los vehículos ligeros de cuatro ruedas si están equipados con funciones de conducción automatizada a partir del nivel 3 y remolques si están equipados con al menos una unidad de control electrónico.

El reglamento será obligatorio en 29 países -de momento-

Hasta el momento, está confirmado que el reglamento se aplicará en un total de 29 países, que son los que forman parte de la Unión Europea más Corea del Sur y Japón.

Las fechas de aplicación del reglamento de la ONU varían según los territorios. Las autoridades japonesas comenzaron a aplicarla en enero de 2021 y Corea del Sur también está adoptando ya la normativa -aunque lo hace de forma gradual, con varias fases de aplicación-. En el caso de la UE, el reglamento se aplicará a partir del 1 de julio de 2022 a los vehículos de nueva homologación y a partir del 1 de julio de 2024 a todos los vehículos nuevos que se vendan en sus países miembros.

Además, se prevé que, en el futuro, se sumen más países, para llegar a un total de 54, que son el número de estados miembros de UNECE que tienen firmado un acuerdo para reconocer las regulaciones que se aprueben en dicho foro.

¿Qué sanciones afrontarán los fabricantes por no cumplir la norma?

En el caso de que algún fabricante ponga a la venta en la UE un vehículo que no cumpla con la normativa ONU / UNECE WP.29 o se demuestre que engañaron a la entidad autorizada para obtener el certificado de manera irregular, se enfrentaría a sanciones de hasta 30.000€ por vehículo y se podría retirar o suspender la homologación de los modelos afectados -lo cual impediría que se pudiesen vender-.

¿Cómo se demuestra que un vehículo cumple la norma?

La normativa específica que debe ser una entidad autorizada e independiente del fabricante la que acredite si el vehículo analizado cumple esos requisitos. Sin embargo, no detalla qué medidas deben tomar los fabricantes para hacer frente a esas 70 amenazas. Tampoco indica qué tipo de pruebas se deben realizar para saber si un vehículo puede obtener el certificado APTO de ciberseguridad.

No obstante, EUROCYBCAR ya dispone de un test que evalúa si un vehículo cumple con los requisitos de esa normativa. Se trata de un protocolo de pruebas realizado en un laboratorio ubicado en Vitoria-Gasteiz, donde hackers, ingenieros IT, probadores de coches y QTester llevan realizando, desde hace años, la evaluación técnica de ciberseguridad -el Test EUROCYBCAR– a vehículos de organismos públicos y OEMs.

Para Azucena Hernández, CEO de la empresa, esta regulación es drástica, pero muy necesaria. “Los vehículos son grandes ordenadores con ruedas y deben protegerse, como mínimo, igual que se protege un móvil o un portátil”, opina.

La CEO explica que “las consecuencias de que no estén bien ciberprotegidos pueden ser trágicas, no sólo a causa de un ciberataque premeditado, sino por un mal uso del propio usuario: puede producirse por algo tan sencillo como descargar música de una web de Internet en un pendrive, conectar ese pendrive al puerto USB de nuestro coche y que al hacerlo estemos introduciendo en realidad, y de forma inadvertida, un virus o un ‘malware‘ que bloquee el sistema operativo del vehículo, provocando que el coche se pare por completo mientras circula, con el riesgo que eso podría conllevar”.

Puedes descargar el informe que ha elaborado EUROCYBCAR con todos los detalles de la normativa ONU / UNECE WP.29 a través de este enlace.